La ley fue sancionada cerca de la 1 de la madrugada de hoy por una abrumadora mayoría de 54 votos favor y 16 en contra, en un extenso debate de más de 13 horas en la que participaron casi 60 oradores.
La norma habilita al Poder Ejecutivo a vender bonos en el mercado hasta un máximo de US$ 12.500 millones para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados por el equipo del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
Para poder realizar la operación, se derogan las denominadas leyes cerrojo y de pago soberano de la deuda, sancionadas en el gobierno de Cristina Kirchner en medio de su disputa con los fondos buitre.
El pago está condicionado a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante las medidas cautelares (stay) impuestas por el juez Thomas Griesa y que le impiden al país desde hace casi dos años pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes y que suman casi el 93% del total de la deuda que cayó en default en 2001.
Según el Gobierno, los acuerdos implicarán una quita en promedio del 38% de lo que la justicia norteamericana le reconoció en dos instancias a los fondos que accionaron legalmente contra la Argentina.
Miguel Pichetto, logró reducir el número de votos contrarios a la iniciativa del Gobierno y ampliar así la brecha en su pulseada con el sector kirchnerista de la bancada.
Julio Cobos defendió la iniciativa en la necesidad de levantar el default para permitir el acceso al país al mercado de capitales a tasas menores.
Así, expresó:
Lo tenemos que hacer con suma rapidez porque se van sumando intereses. Por otro lado, no están cobrando los bonistas que confiaron en Argentina en 2005 y 2010. No estamos generando una nueva deuda porque esta deuda está en el presupuesto.
Desde el kirchnerismo se alzó una batería de voces contrarias al acuerdo acompañadas de fuertes críticas a las políticas de la administración macrista.
Así, la senadora de Santa Cruz por el FPV, María Ester Labado, afirmó que:
Juan Manuel Abal Medina, por su parte, justificó su rechazo en virtud de la sustentabilidad jurídica del acuerdo alcanzado por el Gobierno. Destacó que «Paul Singer recibe un trato diferente al resto lo que genera una situación de inequidad con resto de holdouts y bonistas».
Rodolfo Urtubey, aseguró que «tienen que ver con devolver a la Argentina su pena capacidad y superar esta minusvalía que implica el default».
Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Robeto Basualdo apoyaron con entusiasmo el acuerdo.
El 11 de abril comienza la gira por países de Europa y Estados Unidos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, junto con los bancos que colocarán los bonos, para captar los fondos necesarios para pagarles a los holdouts.
El 13 de abril la Cámara de Apelaciones de Nueva York hará una audiencia en la que escuchará a los abogados del país y de los fondos que se niegan a que se levanten las medidas cautelares, como ordenó Griesa.
Una vez que la Cámara falle y si ratifica la orden de Griesa, el Gobierno le pagará a los holdouts con bonos a 5, 10 y 30 años. Si se expide en contra del criterio del magistrado, no se haría el pago.
