El eje de la disputa no cambió demasiado desde el 1° de marzo, cuando los sindicatos movilizaron a la Legislatura provincial, en la apertura del período de sesiones ordinarias, y anunciaron un plan de lucha contra la aplicación de un paquete de leyes sancionado entre el 8 y 9 de enero, a propuesta de la gestión entrante de la gobernadora Rosana Bertone.
Las normas contienen desde reformas impositivas hasta cambios en el régimen de pensiones, pero los aspectos más controversiales consisten en la modificación de los requisitos para acceder a la jubilación, en la declaración de emergencia del sistema previsional y en la pérdida de autarquía del instituto Previsional y de Servicios Sociales (Ipauss).
Según el gobierno, las leyes vinieron a corregir un “festival de privilegios jubilatorios”, que permitía jubilarse a los empleados estatales entre los 40 y los 45 años, con haberes promedio de 35.000 pesos mensuales y casos extremos de más de 200.000 pesos, y cuyo sostenimiento había originado una crisis que ponía en riesgo la sustentabilidad de la propia provincia.
El ministro de Gobierno, Gastón Díaz, anunció esta semana que los cambios legales, incluido un Fondo Solidario de aportes extraordinarios al sistema, permitió disminuir de $70 millones a $14 millones el déficit mensual del Ipauss, además de reducir la cantidad de tramos en que se pagan las jubilaciones.
En cambio, los sindicatos estatales nucleados en la denominada “unión de gremios” consideran a la reforma como “parte de una política de ajuste y de recorte de derechos”.
Bertone logró convencer a un grupo de sindicatos de que levantaran las medidas de fuerza y se sentaran a negociar aspectos reglamentarios de las leyes, en una mesa técnica que ya tuvo varios encuentros en Tolhuin y Río Grande.
El último acuerdo de la mesa fue la realización de un estudio actuarial sobre las finanzas del sistema previsional, mientras que también se ratificó que no se permitirá la integración de la unión de gremios hasta que no levanten el paro.
Por su parte los sindicatos disidentes recibieron el apoyo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien viajó a Ushuaia junto a Elia Espen, y un grupo de dirigentes de organismos de derechos humanos y diputados de izquierda para acompañar el reclamo estatal.
La comitiva brindó hoy una conferencia de prensa y luego participó de una movilización al edificio de tribunales de la capital fueguina, donde pidieron ser tenidos como “amicus curiae” (amigos de la corte) en la causa penal donde se investiga a manifestantes por los distintos incidentes ocurridos durante el conflicto, incluida la agresión al vicegobernador Juan Carlos Arcando a la salida de un acto.
Las madres también pidieron reunirse con Bertone, aunque fueron recibidas por el ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, y por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Mingrino.
