Myriam Bregman, referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y Presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto a María del Carmen Verdú, reconocida abogada y luchadora contra la represión estatal y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, presentaron ante la Justicia un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, hizo lugar al pedido de las referentes de organismos de derechos humanos, y dictó la inconstitucionalidad de la resolución para la Ciudad de Buenos Aires.
La normativa en cuestión, consideró el juez, legisla de facto en materia penal, lo cual es atribución exclusiva del Poder Legislativo, es a todas luces nula, por resultar inconstitucional. En el caso particular, se impone en los hechos, la aplicación de pena de muerte sumaria en diversos casos que exceden ampliamente la «legítima defensa», la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza y/o el medio empleado para repeler una eventual agresión del particular (art 34, inc 6° Código Penal), o el denominado «cumplimiento del deber».
Asimismo Bregman destacó que «esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM».
En su demanda, las representantes de organismos de derechos humanos, indican que «la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales«, por lo que solicitan «con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución».
Para las demandantes la resolución «afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional. Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas».
Por otro lado, también el ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunto «abuso de autoridad», a raíz del nuevo protocolo para la utilización de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad federales.
«La denuncia la realizamos porque el decreto de Patricia Bullrich contradice el código penal, la Constitución Nacional y además viola los deberes de funcionario público«, explicó Rozanski en una entrevista.
«Acá se habilita a algo que el Código Penal no avala: es el asesinato por la espalda que es un crimen en la Constitución Nacional que prohibe la pena de muerte», sostuvo Rozanski quien calificó la decisión de amoral.
