Entre junio y julio de 2019, se cumplió un año de la difusión del caso de los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos 2017 en la provincia de Buenos Aires.
La información se había conocido luego de una investigación del periodista Juan Amorín que tomó estado público en junio de 2018, luego que la Cámara Electoral diera a conocer el listado de aportantes privados en el plazo que marca la ley.
Cuando el listado se difundió comenzó a descubrirse que algunas personas figuraban como aportantes sin nunca haber puesto un peso, muchos de ellos en condiciones económicas que no le permitirían hacer un aporte de esa característica, y otros que nunca habían militado en Cambiemos.
Chacabuco no estuvo exento, casi 20 personas figuran como aportantes privados sin nunca haberlo hecho. En aquel entonces, se difundió el listado oficial donde se identificaban a las personas que no habían realizado tales aportes.
Algunas personas, incluso eran profesionales, y muy pocos emprendieron acciones judiciales al considerarse «perjudicados» por utilizar sus identidades.
A un año, La Posta volvió a comunicarse con algunos de los afectados, quienes en su mayoría se negaron a responder o no quisieron que difundamos su nombre.
El primer consultado simplemente respondió que no tuvo «novedades de nada, ni tampoco un pedido de disculpas». Esta persona aparecía en el listado, donde también figuraba Jorge Muela, que reconoció haber realizado aportes, y Graciela Rodríguez Juliá, que incialmente responsabilizó al radicalismo de la maniobra.
Testimonio
No hace falta aclarar por qué la mayoría no quiso hacer declaraciones.
Es también una de las formas de desprotección que los ciudadanos reciben del estado. Nunca nadie quisiera estar en la posición de que el mismo gobierno que realiza una acción ilegal es el que controla la justicia a la cual usted recurre a denunciar el perjuicio.
El caso adquirió tal relieve que ocupó las portadas de diarios nacionales e internacionales. Pero nadie más habló del tema.
Desde la provincia dijeron que se investigaría, los fiscales avanzaron en medidas de prueba al principio, algunos se movieron en tal sentido, pero tras la renuncia de la contadora María Fernanda Inza (entonces funcionaria del gobierno de María Eugenia Vidal), casi se sepultó el tema. Mauricio Macri simplemente dijo que la solución sería bancarizar los aportes.
Este medio recogió un único testimonio, entre las comunicaciones que realizó. Así y todo las declaraciones fueron breves. Esta persona resumió la situación así: «Me trajo un montón de complicaciones y no quiero tener ninguna más«.
Y agregó, en referencia a los representantes de Cambiemos, que «Nunca llamaron, nunca pidieron disculpas, nunca se ofrecieron a ayudarme a saber qué pasó«.
Y simplemente volvió a agregar que «Me trajo un montón de complicaciones que mi nombre haya aparecido».
Otro testimonio consultado expresó que no quería dar declaraciones dado que este tema personalmente le había hecho mal.
Transparencia
El tema fue llevado al Concejo Deliberante por los concejales de la oposición, lo hizo tanto el bloque conducido por Martín Carnaghi como el conducido por Javier Estévez.
El radicalismo, como respuesta, se limitó a recordar al peronismo otros casos de presunta corrupción durante el mandato de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Particularmente el caso de Antonini Wilson, el venezolano que abordo de un viaje presidencial fue interceptado con una valija repleta de dólares.
El caso de Antonini Wilson, como las actuales causas contra la expresidenta Cristina Fernández, el suicidio inducido del fiscal Alberto Nisman, la voladura de la AMIA y la Embajada de Israel, el accidente del hijo del presidente Menem, los turbios negocios de la familia de Macri con el Estado, y un innumerable conjunto de causas que duermen y seguirán dormidas en los despachos judiciales, constituyen una burla a los ciudadanos sean del partido que sean, que merecen respuestas.
Y siempre son presuntas causas, porque al fin y al cabo, nadie puede tener pos seguro si ha pasado una cosa o la otra porque los fiscales y los jueces obran con un claro interés político investigando a quien no gobierna.
Casos y casos
El único caso que merece ser tenido en cuenta no es novedad tampoco en casi ningún medio: el caso del falso abogado y espía con contactos en grandes centros de poder como la Central de Inteligencia de Estados Unidos, Marcelo D’Alessio.
En manos del juez Alejo Ramos Padilla, ha recogido una prueba documental amplísima y que no deja lugar a dudas sobre el poder y la impunidad con el que se manejaba el abogado trucho. Relacionado a la estructura de seguridad de Cambiemos y con fuertes nexos con importantes periodistas de Clarín, llegó a embarrar a conductores de renombrada trascendencia como el oficialista Alejandro Fantino.
La causa avanza a toda máquina a instancias del juez Ramos Padilla, pero la cobertura de los medios nacionales es casi nula. Mientras tanto, un fiscal general de la Nación aparece involucrado totalmente, se trata de Carlos Stornelli. Éste ahora ha sido declarado en rebeldía por el juez federal, y sin embargo participa en actos oficiales junto al presidente de la Nación.
Aportes privados y aportes empresarios
Otro punto que pone en foco cómo se financian los partidos políticos es que recientemente Cambiemos impulsó una ley que permite modificar la legislación que hasta las elecciones pasadas prohibía el financiamiento proveniente de empresas.
Ahora las empresas podrán hacer aportes (o tal vez habría que decir «invertir») a los partidos políticos, claramente que lo harán con algún fin, pues beneficencia no hacen.
Otra medida tomada con posteridad a la divulgación del caso, es que la Cámara Electoral impulsó un nuevo procedimiento para certificar estos aportes. Se trata de una plataforma digital donde los aportantes deben registrar y hacer públicos sus aportes. No obstante, la Cámara aclara «La declaración de aportes contenida en esta plataforma no constituye un control de legalidad del origen y destino de los fondos».
