La semana pasada se conoció que tres partidas de alimentos compradas por el gobierno habían sido a precios superiores que los establecidos por el propio Estado a través de los precios máximos.

La compra fue realizada por el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo con el objetivo de asistir a la población más vulnerable durante el periodo de la cuarentena.

Tras publicarse en el Boletín Oficial, la compra fue señalada por el dirigente de la CTEP Juan Grabois y por otros dirigentes.

Debido al escándalo que desató en las propias filas, renunciaron 15 funcionarios. El más alto cargo que renunció fue Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social y reponsable de las compra. Con él renunciaron otros 14 funcionarios que dependían de su secretaría.

La compra que se había realizado comprendía fideos, azúcar, lentejas, aceite, harina y leche en polvo a valores por encima de los precios testigos que fijó el gobierno.

La compra estarí por revocarse y se llamaría a una nueva licitación. Con respecto a calvo, el funcionario había sido removido de un cargo el año pasado por el intendente Mariano Cascallares por un presunto acto de corrupción que la justicia desestimó.

Desde las empresas explican que la razón para que los precios estén por encima de eso es que era un «contexto de escasez» y que las empresas que aprticiapron de la licitación lo hicieron libremente.