(PRENSA DARÍO GOLÍA)
La suspensión de la paritaria nacional docente representa una estrategia del gobierno actual para la flexibilización de la condiciones laborales, supeditando los derechos de los trabajadores a la fuerzas de negociación en cada una de las provincias, y expresa la marcha atrás del Estado como garante de la educación pública. Dicha instancia de negociación fue establecida a principios del 2006 a través de la Ley de Financiamiento Educativo, 26.075, que modificó el esquema de descentralización implantado por la Ley Federal de Educación y dispone de un fondo de compensación para asistir financieramente a las provincias que por falta de recursos no lleguen a pagar el salario mínimo docente. A esto se le suma el intento del gobierno bonaerense de fijar un techo del 18 por ciento a la discusión salarial a pagarse en cuotas, lo que atenta sobre las paritarias libres.
Este esquema de negociación con los trabajadores que hoy destapa un conflicto con los docentes a menos de un mes del inicio de clases, constituye la postura del gobierno actual bien expresada por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al comentar que el gobierno “no interviene en las paritarias privadas” sino sólo en las del sector público para “cuidar los objetivos fiscales”, por lo que el Estado se desprende de su responsabilidad proteccionista y asume un rol profundamente liberal por el que sólo interviene desde su rol de empleador. Este cambio de posicionamiento fue presentado ante la opinión pública a mediados del año pasado en la editorial del diario La Nación que tituló como “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”[1], donde argumentó que “se debería asignar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor (empresa o sector geográfico) por sobre los acuerdos colectivos o paritarias en el nivel de sector de actividad”. Esta postura ya ha sido tomada por el gobierno bonaerense que suspendió por 180 días la ley 14.656 que regulaba la paritaria provincial de los trabajadores municipales, dejando a voluntad de cada intendente el reconocimiento de derechos para sus trabajadores.
Hoy asistimos entonces a un debilitamiento en las relaciones laborales propio de las políticas neoliberales, tal como experimentamos a partir de los años ’90, que pretende debilitar el grado de representatividad, la capacidad reinvindicativa y de movilización de los trabajadores, puesto que es el camino para el avance de la renta empresaria y el ajuste fiscal. Estas medidas atacan contra las garantías laborales alcanzadas por los trabajadores desde el gobierno peronista. Precisamente, la ley 14.250 sancionada en 1953 permitió el primer ordenamiento sistemático de la negociación colectiva que había sido establecida como un derecho constitucional con la reforma del ’49, posibilitando la centralización de las negociaciones y fortaleciendo a la vez el poder de representación de los intereses laborales.
La paritaria nacional docente que desde hace más de una década venía estableciendo un piso salarial y marcaba una referencia para las paritarias locales, constituye así como los convenios colectivos de trabajo una garantía para los trabajadores frente a un contexto capitalista que cada vez se globaliza y fortifica en pos de intereses económicos. Hoy en cambio, el gobierno pone vallas a la representación gremial, por lo que la suspensión de la paritaria nacional docente constituye una amenaza a los intereses de todos los trabajadores, lo que ha sido advertido por el Papa Francisco[2].
