¿Y LAS MOTOS? EL FPV PIDE PRUEBAS SI FUERON COMPACTADAS

En la mañana de ayer estuvimos con Javier Estévez, presidente del Bloque de Concejales del FPV-PJ con quien dialogamos sobre los proyectos que están trabajando desde la bancada opositora.

motos compactadas.

Entre los expedientes que el PJ- FPV presentará esta noche se destacan una minuta de comunicación por las motos compactadas, a los fines de que se amplíen detalles sobre el convenio o contrato que se hizo con la empresa privada por el cual se estipuló la compactación de las 600 motos. Estévez, además, comentó a Chacabook que buscará tratar el aumento retroactivo de tasas y presentará un nuevo proyecto sobre la oficina de alquileres.

Sobre este tema el concejal indicó que¨hay una ordenanza en la cual se habilita al municipio a adherirse a la ley de compactación, pero esta ley tiene ciertos requisitos en los cuales la empresa iba a venir a Chacabuco pero en presencia de las autoridades municipales se constataba la compactación de todos los móviles y se pagaba un canon al municipio que en ese momento iba a ser destinado a una institución de bien publico».  A lo que agregó que se desconocen las condiciones en que se realizó la compactación y «no sabemos si algún funcionario Municipal o alguna filmación o algún acta consta en el municipio en ese acuerdo por el cuan dan cuenta que esas 600 motos que fueron retiradas realmente fueron compactadas».

Estévez indicó que es recomendable algún sistema de ese tipo para que no queden sospechas de que se lo utilice como repuestos en el mercado ilegal «por eso queremos ver las cláusulas del contrato y convenio y si en el momento de la compactación de las mismas hubo un escribano del municipio o funcionario del municipio que constató justamente la compactación de esas motos que se retiraron de Chacabuco.¨

 

Otro de los temas que volvió al ruedo fue el cobro de tasas municipales. El expediente que otorgó al ejecutivo la potestad de cobrar un aumento sobre las mismas de un 25% aproximadamente fue aprobado en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, y en aquella oportunidad uno de los pedidos votados era que no se cobrara retroactivamente sino una vez que la ordenanza fuera promulgada (la nota aquí). Posteriormente y ante el reclamo de la oposición el ejecutivo, desde la oficina de contabilidad había salido a aclarar que era una potestad reservada al municipio el de cobrar las tasas retroactivamente (aquí la nota). Sin embargo, recientemente se conoció que el Tribunal de Cuentas que audita este tipo de acciones no autorizó a los municipios a realizar este tipo de acciones por lo que la municipalidad deberá realizar una devolución a los contribuyentes.

Al respecto Estévez dijo que ese descuento que debería estar siendo aplicado no se efectivizó en el segundo semestre, por lo que se acercaron a hablar con la contadora quien «dijo que quienes no hayan recibido el 20% de descuento se acerquen a la oficina de recaudación que ella se los va a solucionar». A su entender «es un tema que lo tiene que solucionar ya que el dictamen del tribunal de cuentas a  nuestro entender no autorizo a los municipios a cobrar retroactivo si a partir de que la ordenanza ha sido promulgada, así que bueno esto administrativamente lo van a solucionar y le van a devolver el descuento del 20% a aquellas personas que no lo han recibido».

Tal vez el proyecto que más se destaca es el de la creación de una oficina de alquileres. Estévez señaló que la idea es que esta oficina «no solamente para asesorar a inquilinos y propietarios si no que haga un revelamiento social y comunitario de cómo está la situación hoy en tema de alquileres, que también se pueda formar desde el municipio un fondo solidario de garantía para aquellas personas que tienen un trabajo formal, tienen un sueldo y no tienen por ahí garantía propietaria para acceder a algún alquiler». De esta manera sería el Municipio quien sería el garante. Pero «otra de las funciones de la oficina seria ayudar a aquellas personas que con el aumento de los servicios públicos van a estar muy complicados con el pago del alquiler, esto mediante una cuenta social, mediante una trabajadora social. El plazo sería de 6 meses y si el municipio con otra nueva encuesta social lo cree conveniente se renovará o no la ayuda del pago del alquiler».