El golpe de Estado demuestra toda su crueldad en Bolivia. Desde hace 5 días cuando las fuerzas policiales y militares aliadas con sectores civiles derrocaron a Evo Morales, ya se denunciaron 15 muertos a manos de la represión contra manifestantes.
Así, el gobierno interino pero ilegítimo de Jeanine Áñez no encuentra consenso para sostenerse políticamente. Incluso no han podido lograr quórum en el senado para la designación provisoria de Áñez, y tampoco lograr que la Asamblea Nacional se pronuncie al respecto.
Para sostenerse, el gobierno echa mano de cualquiera de las estrategias de las dictaduras. Desde involucrar la religión católica (Áñez «asumió» con la biblia en la mano y Fernando Camacho dijo que «metieron a Dios en el gobierno»), hasta la pura y exclusiva forma de meter miedo de las dictaduras: palos, balas, detenciones ilegales y estado generalizado de temor.
Tampoco funciona: la mayor parte del país está bajo el control de los leales a Evo y el golpe de Estado queda recluido a La Paz, la zona con el mayor poder adquisitivo de Bolivia. En la jornada de ayer viernes fue cuando la represión llegó a su punto máximo, y se cobró la vida de 5 manifestantes, informó EFE.
El episodio encuentra otro complemento en las restricciones a la libertad de prensa. Casi no hay medios críticos al accionar del Estado en Bolivia, y lo que hay tienen muy poco peso económico como para combatir la mirada de los medios dominantes que buscan presentar al gobierno surgido del golpe de Estado como «de normalización o «transición».
Los únicos medios que aportan información profesional son los extranjeros. Algunos son los de Argentina, cuyos cronistas debieron ser rescatados por un comando especial de la Embajada Argentina en Bolivia tras ser agredidos fuertemente en las calles. A ello se le sumó la acusación de una funcionaria boliviana quien sostuvo que se tratará a los medios en cuestión como «sediciosos».
Como la única forma de sostenerse del actual gobierno es con la violencia de las fuerzas policiales o armadas, hoy se ha dado un nuevo paso en ese sentido. Tras conocerse miles de heridos graves y más de 15 muertos, el gobierno autorizó al ejercito a dar rienda suelta a la represión sin miramientos.
El decreto supremo con el que se impone este recurso llama la atención, porque se trata de una decreto (con fuerza de ley) que habilita a violar los derechos humanos, precisamente los más básicos como la vida.
El texto indica que «el personal que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”. Es decir, que habilita en caso de «necesidad» (¿hay argumento más subjetivo?) a transgredir cualquier límite.
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