El avance de la causa «vialidad» en la que está procesada Cristina Fernández adelanta que la vicepresidenta podría recibir una condena pese a un juicio en el que quedó demostrada la falta de imparcialidad de parte del tribunal que la juzga. Amplios sectores le dieron su respaldo entendiendo que el proceso busca condenarla para proscribirla políticamente de cara al proceso electoral previsto para el año próximo, el 2023.

Este es un episodio más de la crisis en la que está sumergida la justicia argentina. Frente a este poder judicial, diferentes titulares del poder legislativo de la provincia de Buenos Aires y titulares del ejecutivo de municipios del interior de la provincia hicieron público su acompañamiento.

El juicio es por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez.

En el día de hoy los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluirán con el alegato acusador y pedirán las penas. Pero la vicepresidenta realizó hace horas un pedido de ampliación de su indagatoria por considerar que no se aseguró su derecho a la defensa.

Hace pocos días también la defensa realizó un pedido de recusación contra el tribunal presentando pruebas que demuestran vínculos preexistentes entre los jueces y el fiscal, así como con el expresidente Mauricio Macri. Las pruebas son fotos de un partido de fútbol que se disputó en la quinta del expresidente.

Legisladores provinciales

Diferentes diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado expresando su repudio hacia la «persecución judicial» contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Explicaron que la causa «Vialidad» es «un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático«.

El comunicado fue compartido en redes sociales, recordaron que se inició «en línea con el calendario electoral en mayo de 2019«. Y añadieron que «Estas prácticas son un mecanismo de disciplinamiento, estigmatización y control social».

Denunciaron también que el Poder Judicial en nuestro país ha «devenido en partido político defensor del macrismo y persecutor de toda fuerza política y dirigente que se le oponga«.

Reclamaron que «en nuestra Patria vuelva a primar el principio de igualdad ante la ley» y aseguraron que «nada puede funcionar en el país si no hay Poder Judicial con legitimidad», como expresó la propia vicepresidenta.

Intendentes del interior

Más de 500 intendentes de las provincias del interior se pronunciaron en un sentido similar durante el fin de semana firmando una solicitada en la que manifestaron su «preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social«.

Alertaron que estas acciones constituyen «una práctica violatoria de los derechos, que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente».

En tanto, exhortaron por «una Justicia a la altura de las circunstancias», al recordar la cercanía de «la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida» en la Argentina.

También instaron a la comunidad a «rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos». El documento fue firmado por un total de 509 intendentes de 22 provincias del país.