En el día de ayer este medio publicó una nota contando cómo varias familias plantearon el malestar con las estrictas exigencias de los establecimientos educativos y por las calificaciones entregadas a los estudiantes pese a no estar autorizado por la provincia, en este contexto de pandemia.

La nota informó que lo actuado en nuestra ciudad iba a contramano de lo indicado por el Ministerio de Educación provincial, que no se conoce otro lugar como en Chacabuco donde la calificación adquirió un carácter extendido y que se pedirían explicaciones a la máxima autoridad, la jefa distrital, María del Valle Aiola.

La noticia hizo que muchas más familias, estudiantes de todos los niveles y docentes se comunicaran con La Posta para contar las angustias atravesadas, similares a las que ya teníamos registro.

Los diversos testimonios y el material que nos enviaron los lectores son el reflejo de prácticas excluyentes, de un poder ejercido de manera desigual, de porqué se decidió calificar y de las consecuencias emocionales que las presiones trajeron a los estudiantes y familias.

En los nuevos mensajes se nos agradecía por la información como «un alivio» al saber que no solo a un@ le pasan las cosas. Nos preguntamos: ¿un «alivio» o derechos?

Lo dispuesto por las autoridades provinciales no dejaba espacio a dudas. Entre lo que debía hacerse y lo actuado hay tamaña distancia que a nivel local todavía no hubo declaraciones oficiales.