La declaración del municipio en Emergencia Económica significó un reconocimiento de la crisis que afecta al país por parte del intendente Aiola. Ya eso es una noticia, porque hasta el momento Aiola no había declarado tal situación.
Sin embargo, la situación ya había sido advertida por este medio cuando el 23 de octubre se publicó una nota que recogía el testimonio de varias personas que indicaban la falta de recursos para la actividad muncipal, que impactaba gravemente acrecentando las deudas con proveedores.
Allí se explicó cómo no se entregaba gasoil para los vehículos municipales, por ejemplo, o la escasez de productos básicos de limpieza. Hasta el momento ningún funcionario ni el intendente confirmaban eso como un hecho.
Pasaron las elecciones y el municipio lo reconoció oficialmente al declarar con un decreto la Emergencia Económica de las arcas del municipio. En lo privado el panorama no es menor, hace un mes, también antes de las elecciones, varias empresas presentaron dificultades, algunas de ellas asociadas a la proveeduría municipal.
Antecedentes
Varios meses antes de las elecciones, ya surgían episodios que mostraban las dificultades del Municipio. El secretario de gobierno lo reconoció en una nota que brindó a La Posta en medio de las negociaciones paritarias: “No somos una excepción. Nos atraviesa esta crisis”.
A principios de 2019 el panorama comenzó mal para la economía chacabuquense y principalmente para los comercios de diversos rubros.
Pero el impacto en las arcas municipales vino después, y se presentó como episodios aislados. Así hubo dos oportunidades en que no se realizaron los pagos correspondientes por horas extras y guardias, y retrasos en las fecha de pago a los agentes municipales.
En el mismo sentido hace poco el municipio utilizó dinero correspondiente al pago de los equipos técnicos del programa provincial Envión para gastos corrientes del municipio. Ahora la Municipalidad les dio de baja a los contratos de muchos de esos trabajadores.
Otra situación fue cuando se conoció que el municipio de Chacabuco adeudaba a la UTN la cuota por salarios que paga para que esa casa dicte clases en la ciudad y con la que se le abona el salario a los docentes.
Sin embargo, en el decreto se atribuyó la crisis económica a una merma de ingresos por coparticipación, algo que ya fue puesto en duda por el exintendente Mauricio Barrientos en una publicación con la que pidió una auditoría a la gestión de Aiola.
Aumentar la recaudación no funcionó
Uno de los planes con que Aiola buscó junto a su equipo económico obtener un extra de dinero fue a través del aumento de la recaudación de parte de los contribuyentes municipales.
Por ejemplo, se pusieron planes para deudores de tasas, se impulsó la colocación de medidores de agua, un estricto cobro del estacionamiento medido, la judicialización de los morosos, el convenio con Veraz para escrachar a quienes no pagan y el aumento de las multas.
Pero también a través de un “Plan de responsabilidad compartida”, por el cual los vecinos pagaban de vuelta lo que debería estar contemplado en los ingresos. Así se gestionaron obras de alumbrado, colocación de cloacas, escoria o tosca. En algunos casos hubo quejas.
Pero el ahorro también fue impulsado de otras maneras, por ejemplo impulsando desde el municipio la organización y regularización de las cooperadoras escolares, y el fomento del cobro de cuotas. El año pasado el cobro de matrícula obligatoria en las escuelas más grandes llegó a valores desorbitantes: $1400 por cada alumno.
Esta situación llevó a que en medio de una conferencia de prensa donde se presentaba la nueva jefa distrital, Maria del Valle Aiola hermana del intendente, junto a Rubén Cruz tuvieran que aclarar que está prohibido el cobro de matrícula y que la cooperadora es opcional.
El grueso ya había sido cobrado con la trampa del desconocimiento de los padres. Luego se presentaron obras realizadas con el aporte del municipio, o de la Cooperadora, según el caso. Cruz pidió que se denuncie en inspección ante casos de estas características.
Otro escándalo para el gobierno fue cuando se conoció que en el Hospital Municipal se realizaban cobros ilegales. Hay una denuncia de la que hasta el momento no se tiene noticia.
Aumento de tasas, baja de contribuyentes
El aumento en las tasas municipales sumaron en los últimos dos años casi un 80%. Sólo en 2019 fue del 50% el aumento. Incluso el intendente salió al cruce público de la actitud de la gobernación que planteó topes de subas a las tasas municipales del 38%.
En una entrevista de Aiola con La Posta declaró: “en el tema del presupuesto provincial poner un tope del 38% al aumento de las tasas nos parecía anticonstitucional y lo planteamos públicamente porque tenemos esa apertura dentro del espacio de Cambiemos de poder manifestar las cosas tanto hacia adentro como hacia afuera“.
Juntamente se presentó el presupuesto 2019 y así lo justificaba Aiola: “esos mil seiscientos millones de pesos que vamos a manejar en el presupuesto 2019, que le pertenece a cada ciudadano de Chacabuco que paga sus impuestos, que está viviendo acá, que se esfuerza todos los días”.
Ese sideral aumento de tasas terminó por redundar en que menos contribuyentes estén al día, y el contexto económico recesivo empeoró la recaudación.
Atentos ante esta situación, ya en 2017 se había arrancado con el programa “Ponete al día”, que consistió en dar a pagar en cuotas las tasas municipales. La segunda estrategia fue intimar y enjuiciar a los deudores. La tercera, realizar un convenio con Veraz para que figuren públicamente como morosos.
No funcionó. En la declaración de la Emergencia precisamente el municipio reconoció que han bajado las contribuciones y lo utilizó como uno de los argumentos para establecer el ajuste en marcha.
Índices negativos
Otro punto que no acompañó a Aiola fueron los índices que registran la actividad económica. Por ejemplo, los empleados municipales se encuentran en una situación de fuerte endeudamiento. Hace poco se les pagó una cuota del bono que acordaron los sindicatos y el municipio. Se lo tragaron las deudas que contraen los trabajadores.
De la misma manera, en Chacabuco fue clara la caída de la actividad económica. Mientras aumentaban la cantidad de negocios y empresas que cerraban sus puertas o achicaban sus instalaciones o servicios, el municipio lo negaba. Se proporcionaban datos indicando que había más comercios nuevos que los que se daban de baja.
Pero la Cámara de Comercio e Industria fue clara al respecto de la situación económica. En 2018 las ventas en la ciudad llegaron a caer un 40% en promedio, y en 2019 respaldaron el cálculo de más de 100 comercios cerrados.
En agosto de 2018, Red Solidaria indicaba que en Chacabuco existen más de mil familias en condiciones de necesitar asistencia alimentaria. El dato enfureció al intendente que criticó a la Red Solidaria diciendo que le parecía un “uso político”.
Otro lo aportó desde la oposición Liliana Andriola, ahora electa como consejera escolar. Con su experiencia como inspectora advirtió por el aumento de niños en comedores escolares.
Se propuso desde el Concejo Deliberante la declaración de una emergencia alimentaria en Chacabuco, y así también la declaración de la emergencia comercial. Ninguna de las iniciativas de la oposición fueron acompañadas ni por el bloque de concejales oficialista ni por el intendente.
Un último dato corresponde a junio de 2019. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) puso a Chacabuco como uno de los municipios menos transparentes de la provincia.
Los factores que se tomaron en cuenta a la hora de realizar el ranking fueron la ejecución de presupuestos municipales, el stock y pago de deuda y la disponibilidad de estos y otros ítems de información pública en su página web. Con eso, se elaboró un índice que va de 0 (peor resultado) a 100 (situación ideal).
En el listado, la Municipalidad de Chacabuco aparece en el Grupo 5, el último en el escalafón de gestiones transparentes. Según se indica en el informe, ese grupo se compone de aquellos municipios que se encuentran en incumplimiento no publicando vía web información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso del presupuesto vigente.
¿Cuántos funcionarios y cuántos empleados hay?
La declaración de emergencia se realizó, según el texto del decreto, para garantizar el pago de salarios a los empleados municipales. Según Aiola la gran cantidad de empleados que tiene el municipio los vuelve deficitarios.
La discusión sobre el número de empleados la entabló Aiola a poco de asumir, cuando denunció al exintendente Darío Golía por haberle pagado a proveedores servicios inexistentes, y al exintendente Barrientos por el uso de las horas extras.
En agosto de 2016 la denuncia contra Golía terminó por encauzarse de otra manera: se comprobó que funcionarios de Aiola habían adulterado libros oficiales y fueron denunciados por “falsificación de pruebas, falsa denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público“.
En ambos casos no prosperaron las denuncias. Todo lo contrario. Se realizó una auditoría por la denuncia contra Barrientos que nunca se conoció el resultado, como sostuvo hace días el legislador. Ahora Barrientos pide que se realice una auditorái externa para conocer el origen de la emergencia económica.
Cantidad de empleados
Otra discusión es sobre la cantidad de empleados que el municipio tenía y tiene. Cuando asumió Víctor Aiola publicó la nómina de empleados municipales, como había prometido en campaña. Eso fue en el año 2016, pero desde entonces no se volvió a publicar actualizada.
Según el exintendente Barrientos el municipio quedó al finalizar su mandato con 1620 empleados. El cálculo de Aiola dio 1854. Esa cifra se mantiene constante, ya que el intendente no ha disminuido la cantidad de empleados, sino que ha aumentado.
La cifra de 1854 empleados aproximadamente, la confirmó Aiola en una entrevista a La Posta en octubre de 2018. El listado de 2016 indicaba que había en el municipio la cantidad de ¡137 subdirectores!, 12 por cada director, y 45 auxiliares de primera.
Ahora se declaró que no habrá ingresos de personal, excepto el necesario. Sin embargo, hasta pocos días antes de las elecciones se registraron nuevos ingresos en diversas áreas municipales. Por ejemplo, en el Hospital.
La polémica por la cantidad de empleados también la instaló la oposición al afirmar que Aiola habría aumentado a mayo de 2019 en un 20%, 350 más empleados.
Asimismo, en diciembre de 2018 en el Concejo Deliberante se aprobó un proyecto que proponía el ingreso como empleados a jóvenes del Máximo Gil. Fue propuesto por Cambiemos. No hay dudas de la pertinencia de la propuesta, pero también indica que hasta ese momento no había preocupación por el pago de sueldos o la cantidad de empleados.
Funcionarios
La contracara de ello es la cantidad de funcionarios. Lejos de disminuir aumentó durante estos 4 años. Ahora, con la declaración de Emergencia Económica Aiola aseguró que reducirá en su próximo gabinete un 30% la planta de funcionarios.
Pero el dirigente sindical Horacio Calarco ya se había referido a la relación cantidad de empleados / cantidad de funcionarios. “¿El problema es el trabajador estatal o el problema son los funcionarios? Hay funcionarios excelentes que tienen criterio, que tienen conocimiento, pero la mayoría no tiene ningún conocimiento de nada y tampoco ningún compromiso de lo que es el Estado“.
Y agregó en esa oportunidad que: “hace 2 años que están, o 6 meses, y ganan 5, 6 ó 7 veces más que cualquier trabajador estatal municipal. No tienen 30 años, ni 25 o 35 años de antigüedad”.
Default salarial
La falta de fondos impactó fuerte en la Municipalidad luego de las elecciones primarias. El 13 de agosto de 2019, dos días después una devaluación del 30% del peso impactó negativamente en la cadena de precios y produjo un trastorno económico cuyas consecuencias todavía persisten.
Debido a ello, los empleados municipales a través de sus sindicatos pidieron que se reabra la paritaria. Así se hizo, pero la negociación fue extremadamente compleja.
Para poder llegar a un acuerdo Aiola debió recurrir a aportes que realizó la provincia y la Nación, para lo cual tuvo reuniones tanto en la Casa Rosada como con la propia gobernadora Vidal.
Las negociaciones se extendieron hasta septiembre, y en medio de ellas Horacio Calarco declaró que el intendente había hablado de un default salarial. Las palabras son una interpretación de Calarco sobre los dichos de Aiola quien había señalado que pagar un incremento salarial del 30% pondría al municipio en condiciones de no poder pagar salarios.
Las elecciones
Todo indica que el municipio estaba en emergencia antes de las elecciones de octubre y que se esperó a la finalización del acto eleccionario para dar noticia del grave estado de las cuentas municipales.
Para la oposición esto fue una maniobra que se complementó con la entrega de subsidios. Antes de las primarias del 11 de agosto el intendente habría entregado en un solo día subsidios por un monto total de $600.000 en una semana. La información la proporcionó Estévez y no fue negada oficialmente.
Algo similar sucedió en las generales. Según informó Darío Golía en una entrevista a este medio, en Rawson solamente se repartieron en los 15 días previos a las elecciones 50 subsidios de 5 mil pesos.
Fondos perdidos y fondos ganados
Para la oposición gran parte de los gastos que llevan a esta situación de emergencia se explican por la campaña electoral. Pero el municipio centra su versión en la pérdida de fondos coparticipables.
Sin embargo, no está claro que Chacabuco haya recibido menos. Porque el impacto negativo en las modificaciones de la distribución de fondos coparticipables fue compensado por otros ingresos.
En 2018 fue el municipio que más fondos recibió por coparticipación de la Cuarta Sección: el ranking lo lideró Chacabuco con $235.486.450. Luego le sigue Chivilcoy con $208.487.409 y lo acompaña en el tercer puesto General Villegas con $201.913.860″.
Asimismo, la eliminación de distintos fondos coparticipables fue compensada por el pacto fiscal y con otros ingresos como los que produjo el hogar Santa Ana de O’higgins.
A tal punto los ingresos han sido buenos para la municipalidad que en septiembre de 2019 se conoció por datos oficiales que Chacabuco recibió 608 millones en seis meses, otra vez, más que cualquier distrito de la Cuarta Sección. Sólo en agosto se recibieron 80 millones.
Pagar sueldos
Durante la inauguración de las sesiones ordinarias 2019, con un concejo tomado por fuerzas policiales, Aiola aseguró que se realizaron ahorros en el municipio a partir del control de los “vales de combustible” sobre los cuales se realizó una “reducción de un porcentaje significativo”.
La única información al respecto es extraoficial, e indica todo lo contrario. Un sideral aumento de ese concepto.
Allí también recordó que lo que se decía sobre su gobierno a poco de asumir: “Si nos remontamos al año 2015, algunos casi daban por descontado que no podríamos pagar sueldos y menos aguinaldos“.
A juzgar por los hechos, Aiola termina su primer mandato con un Municipio en Emergencia Económica, llamando a colaborar a los exintendentes que denunció y teniendo que suspender horas extras y guardias para garantizar el pago de salarios.
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